16/09/2026
THE OBJECTIVE. ENTREVISTA IGNACIO GAMBOA
«Estamos hablando de que en 2030 podríamos llegar a necesitar hasta 560.000 trabajadores. Con respecto a lo que hay actualmente, son casi 380.000 trabajadores más solo para la ayuda a domicilio», explica en conversación con este periódico Ignacio Gamboa, su presidente. Gamboa señala que son datos del Ministerio de Derechos Sociales y se refieren principalmente a auxiliares de ayuda a domicilio, aunque también menciona la necesidad de trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales del ámbito sociosanitario.
En este sentido, la patronal de asistencia domiciliaria alerta de la necesidad de reforzar la profesionalización del sector, facilitar la formación y acreditación de nuevos trabajadores y generar condiciones que permitan atraer y mantener talento. «El envejecimiento de la población provocará que España necesite progresivamente más servicios y más profesionales especializados en cuidados», explica Gamboa, que asegura que no se puede hablar del futuro de la dependencia sin hablar de quién nos va a cuidar. «Necesitamos anticiparnos hoy a la demanda de profesionales que tendremos mañana», insiste. Y es que para 2030 una de cada cuatro personas tendrá 65 años o más, según un estudio de la Fundación Viatris.
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Con la vista puesta en 2030, el presidente de Asade insiste en la mejora de las condiciones laborales y salariales del sector. También aboga por simplificar la formación para el acceso sin reducir el nivel formativo. En este sentido, explica que se está negociando un nuevo certificado de profesionalidad en Cuidados que unificaría las titulaciones y permitiría comenzar a trabajar desde las 80 horas (en lugar de esperar a completar 300), adquiriendo la titulación mientras se trabaja.
Actualizar los contratos para mejorar el precio/hora
En cuanto a mejorar las condiciones salariales, Gamboa señala que no se pueden subir los salarios si no se actualizan los contratos. Y es que desde la patronal de ayuda a domicilio insisten en que «para mejorar salarios y condiciones laborales es imprescindible que las administraciones actualicen también las condiciones económicas de los contratos mediante los que se prestan los servicios»: «Si queremos mejorar las condiciones de los profesionales y la calidad de la atención, debemos empezar por garantizar que los contratos públicos permiten financiar esas mejoras».
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Gamboa explica que uno de los principales problemas que afrontan las empresas prestadoras de servicios es el desfase existente entre determinados precios públicos y el coste real de prestar una atención profesional y de calidad. Indica que en los últimos años han aumentado los costes laborales y operativos, «mientras que muchos contratos públicos no han evolucionado al mismo ritmo».
Por eso, Asade considera necesario aprovechar el nuevo escenario financiero para que las administraciones revisen y adapten los contratos vigentes y los precios/hora de los servicios a la realidad actual. «Sin esta actualización será muy difícil destinar los nuevos recursos a reforzar plantillas, mejorar las condiciones laborales, incrementar la capacidad asistencial o garantizar la sostenibilidad y calidad de los servicios».
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7.239 millones del Estado
El Estado ha comprometido una inversión de 7.239 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 (Real Decreto-ley 17/2026), con el objetivo de que en 2027 llegue a alcanzar el 50% de la financiación del sistema de dependencia. Esto significa que las distintas comunidades autónomas dispondrán de más recursos para reducir las listas de espera, contratar profesionales y ampliar los servicios de atención domiciliaria.
Sin embargo, la patronal de atención a domicilio teme que este incremento estatal reduzca el esfuerzo autonómico. Si el incremento nacional termina compensándose con una reducción del esfuerzo autonómico, estaremos redistribuyendo la financiación existente en lugar de reforzar realmente el sistema. «La dependencia necesita más recursos en términos absolutos, no simplemente repartir de otra manera los recursos que ya existen», advierte.
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Por otro lado, la nueva normativa elimina las incompatibilidades entre prestaciones. Es decir, ahora se podrán combinar prestaciones que antes no eran compatibles, como por ejemplo, ayuda a domicilio y centros de día. Además, se amplían las prestaciones de ayuda a domicilio para incluir más acompañamientos a gestiones médicas y acompañamientos fuera del domicilio que antes no estaban tan recogidos en la ley.
Además, con la nueva Ley de Dependencia se busca reducir los trámites administrativos en un momento en el que más de 95.000 personas esperan su resolución a la solicitud de dependencia y 113.724 tienen reconocido el grado de dependencia, pero no están recibiendo ninguna prestación.
Por todo ello, Asade insiste en la importancia de conseguir que esa mayor financiación llegue de manera efectiva a los servicios profesionales que atienden diariamente a las personas en situación de dependencia y se traduzca en más capacidad asistencial, mayor calidad y mejores condiciones para los profesionales. «Podemos aumentar la financiación sobre el papel, pero si ese incremento no llega al precio de los servicios, la capacidad real de atención seguirá siendo prácticamente la misma».
https://theobjective.com/sanidad/2026-09-16/reto-ley-dependencia-incorporar-380-000-trabajadores-2030/
